martes, noviembre 07, 2006

La Procuraduría y el procedimiento penal

La Procuraduría, muy concretamente, es el órgano encargado de defender los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. Entre una de sus funciones se encuentra representar judicialmente y extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado. Cuando aquellos intereses son menoscabados se ve afectada toda la sociedad en general debido a su consideración como bienes jurídicos colectivos o sociales, los cuales por su naturaleza son protegidos por el ordenamiento jurídico penal venezolano.

La Ley Contra la Corrupción es uno de los principales instrumentos legales que recoge tipos penales que protegen el erario público y otros intereses del Estado. No obstante al ser la Procuraduría la representante por antonomasia de los intereses patrimoniales de la Nación, al tratarse de ilícitos penales, su ámbito de competencia se circunscribe a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, quien regula el procedimiento criminal.

Se observa que la única norma que contiene el COPP con respecto a la participación de la Procuraduría en el proceso penal es en el ejercicio de la acción civil para la restitución e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito (Art. 50). No es la intención de esas líneas realizar un análisis del ejercicio de esta acción por parte de aquella institución, sino verificar su legitimidad para actuar, más específicamente, en las fases que comprende el procedimiento ordinario.

En un principio hacíamos referencia que una de las funciones de la Procuraduría era representar judicialmente y extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado, aun no siendo parte en el proceso. Esto es válido para las áreas Contencioso Administrativo, Laboral, Tributario, entre otras, mas en nuestra especialidad bajo análisis el asunto no es el mismo.

El sistema procesal penal venezolano es inequívoco en establecer que el Ministerio Público es el titular exclusivo de la acción penal, según lo previsto en los artículos 285, numeral 4º, de la Constitución de la República Venezolana de Venezuela; 11, numeral 4º, y 34, numeral 3º, de la Ley Orgánica del Ministerio Público; en concordancia con los artículos 11, 24 y 108 del COPP, por lo que podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que la Procuraduría no tiene ninguna injerencia dentro del proceso penal venezolano, esto es, durante el transcurrir de las etapas del procedimiento ordinario y demás fases especiales, aún en los casos donde existan bienes patrimoniales de la República en debate, toda vez que la Fiscalía, como órgano del Estado encargado de la persecución penal, tiene plena facultad para representar los intereses, derechos y bienes patrimoniales de éste.

En consecuencia, en los casos de delitos que se afecten bienes o intereses de la República, es el Ministerio Público quien representa al Estado y el encargado de velar por la legalidad del procedimiento, lograr la ulterior declaración de culpabilidad del responsable por parte del Tribunal competente y el resarcimiento de los daños causados. Se trata de acciones penales que escapan del ámbito de competencia que constitucional y legalmente tiene atribuida la Procuraduría.

La única participación del órgano procurador en el proceso penal, como se dijo, es en el ejercicio de la acción civil, y aún en casos determinados (Véase el Art. 50 COPP).

Nota: disculpen la tardanza a quienes esperaban la publicación del artículo.


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2 comentarios:

Gustavo J. Mata dijo...

¿Quién defiende los derechos y/o intereses del colectivo o de particulares cuando los mismos son violados por un ente del Estado?

¿Qué hace la Procuradoría en estos casos? ¿Se pone de parte de los agraviados o se pone de parte de los funcionarios?

Mauro dijo...

En general, cuando los derechos y/o intereses del colectivo o de particulares son violados por un ente del Estado le corresponde su defensa al Ministerio Público, en caso de constituir Delitos, y a la Defensoría del Pueblo.

La Procuraduría es un órgano encargado de defender los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. No se pone de parte ni de los agraviados ni de los funcionarios, específicamente, tiene como función representar judicialmente y extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado.