domingo, octubre 22, 2006

SCP: Sobre las funciones del Juez de Control en la Audiencia Preliminar*

Esta vez les hago referencia a una decisión emitida por la Sala de Casación Penal (SCP), en fecha 21-03-2006, con respecto a las funciones de Juez de Control en la fase preliminar.

El caso se origina durante el transcurso de la Fase Preliminar, cuanto el Juzgado de Control declaró el sobreseimiento de la causa, de conformidad con lo establecido en los artículos 33, numeral 4, en relación con el 318, numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, al estimar que los hechos objeto del proceso no revestían carácter penal. El Ministerio Público había acusado a los imputados por la comisión del delito de Apropiación Indebida Calificada, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal (derogado) en grado de continuidad.

El Juez de Control consideró los siguientes motivos para arribar a la decisión adoptada:




(...) advierte este juzgado que los hechos que dieron origen a la investigación y posteriormente a las acusaciones presentadas no guardan correspondencia con los preceptos jurídicos invocados, circunstancia esta por la cual este Tribunal en ejercicio de las facultades de control judicial y regulación judicial, prevista en los artículos 104 y 282 del Código Orgánico Procesal Penal, procede efectuar las siguientes consideraciones: Analizada como ha sido la acusación presentada por los representantes del Ministerio Público, así como la presentada por el acusador privado, las cuales al confrontarse con las actas contentivas de la investigación, se aprecia que los hechos que la originan están referidos a un contrato de naturaleza mercantil, el cual se celebró entre CLÍNICA VISTA ALEGRE C.A., y la empresa LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VISTA ALEGRE. C.A. Ese contrato consistió en que la empresa LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VISTA ALEGRE C.A., tenía la exclusividad para realizar los exámenes médicos a los pacientes de la CLÍNICA VISTA ALEGRE C.A.. En dicho contrato se estableció un reparto de beneficios de un 35% de las ganancias para la CLÍNICA VISTA ALEGRE C.A. y un 65% para LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VISTA ALEGRE. C.A., los cuales le debían ser cancelados a los cinco (5) días siguientes de ser presentada las facturaciones quincenales. Se aprecia que los hechos que dieron origen a las acusaciones presentadas en la presente causa están referidas al incumplimiento del pago por parte de la CLÍNICA VISTA ALEGRE C.A. Igualmente puede verificarse que los hechos objeto de la presente causa obedecen a una negativa de cumplimiento a una obligación de una relación contractual que existe o existió entre CLÍNICA VISTA ALEGRE C.A., y LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VISTA ALEGRE C.A., en el sentido de cancelarle los servicios prestados luego de presentada la facturación correspondiente, es decir, estamos en presencia del incumplimiento a una obligación contractual netamente mercantil. El hecho de existir una negativa de pago no puede ser considerada dolosa y por lo tanto configurativa del delito de apropiación indebida calificada, máxime, cuando se aprecia que los hechos son de naturaleza netamente mercantil. En mérito de las consideraciones expuestas, considera quien aquí decide que en el presente caso, los hechos objetos de la presente causa por los cuales el Ministerio Público acusa a los ciudadanos CROCE PISANI FRANCISCO RAFAEL, SÁNCHEZ CASTRO CARLOS ALBERTO y AYALA LAFÉE FELIPE ALBERTO no pueden subsumirse en el hecho punible por el cual acusó el Ministerio Público. Debido a que tal y como se ha advertido los hechos son producto de una relación eminentemente mercantil entre las partes, representada y regida por un contrato, tal y como se expuso en la denuncia, y como se apreció en la exposición efectuada en el escrito de acusación. Resultando lógico que ante el incumplimiento de las obligaciones derivadas de ese contrato, pueden originarse acciones civiles, tales como la demanda por cobro de bolívares o la resolución del contrato -que de hecho ya han sido propuestas ante los órganos jurisdiccionales con competencia civil-, sin poder desprenderse de tales hechos la comisión de hecho punible por el cual acusa el Ministerio Público. En consecuencia, habiéndose verificado que los hechos objeto de la investigación no son constitutivos de delito, este juzgado declara con lugar la excepción alegada por la defensa y en consecuencia de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal se acuerda el sobreseimiento de la presente causa (...)


Pues bien, la Sala, por su parte, consideró que aquella decisión, confirmada aun por la Corte de Apelaciones, incurrió en vicios "en virtud de que el mencionado Juzgado de Control en la Audiencia Preliminar entró a resolver el fondo de la causa, al resolver la excepción opuesta, analizando la prueba del contrato suscrito entre la CLÍNICA VISTA ALEGRE C.A. y la empresa LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS VISTA ALEGRE. C.A., prueba esta, que fue promovida por el Ministerio Público y los representantes de la víctima en sus respectivas acusaciones y que en esta etapa del proceso (fase preliminar) no está permitido para el juez analizar y valorar pruebas, pues es materia de fondo que debe ser debatido en el juicio oral". En consecuencia anuló el fallo y ordenó la reposición de la causa al estado de la Audiencia Preliminar.

Ahora, es evidente que el juez de primera instancia estuvo facultado para proceder a dictar el sobreseimiento de la causa, según lo dispuesto en los artículos 318, 321 y 330, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal. Pero, el recurso de casación no controvirtió las facultades legales del juez, sino, como límite a ello, determinó que no se le estaba permitido analizar y valorar los medios probatorios, debido a que ello es materia de fondo correspondiente al juicio oral. Tal afirmación es cierta, según lo dispuesto en la parte final del artículo 329 del mismo código, y de acuerdo a la estructura lógica del proceso penal.

Inclusive, la Sala ya había asentado que no todas las causales se sobreseimiento podían ser decretadas por el Juez en la fase preliminar, luego de que el Fiscal del Ministerio Público hubiese presentado la acusación, por cuanto su naturaleza exigía ser dilucidadas en el debate oral, principalmente las relacionadas con las causas de justificación y la estimación de que el hecho no puede ser atribuido al imputado, tomando en cuenta el carácter contradictorio del proceso. Véase en este sentido el artículo 321 del C.O.P.P.

No obstante, tales circunstancias, a mi criterio, no eran aplicables al presente caso.

Es evidente que la Fase Preliminar cumple una función depurativa del proceso penal, permitiendo a las partes alegar sus razones con respecto a los cargos presentados por el Ministerio Público, adoptar los distintos procedimientos especiales, y principalmente, para determinar si habrá o no juicio.

Dentro de su acción controladora, el juez debe precisar si la acusación reúne las formalidades para proceder al enjuiciamiento contra quien el Ministerio Público estima su culpabilidad. Justamente, la naturaleza penal de los hechos es una de esas formalidades a verificar.

En este caso en particular, el juez determinó que los hechos no sólo no correspondían al delito imputado por el Ministerio Público, sino que, en definitiva, no eran constitutivos de delito alguno al no estar tipificados en la ley como tal. Esa aseveración realizada por el Tribunal no fue un exceso de las funciones jurisdiccionales inherentes a esa fase procesal, ni era materia de fondo correspondiente al juicio oral, tal como estimó la decisión sub-examine; por el contrario, dicho evaluación fue la consecuencia natural y lógica al estar presente en la resolución de un asunto criminal, que requiere, incuestionablemente, la ejecución de un hecho previsto en la ley como delito, cuya comprobación efectivamente corresponde al juez de acuerdo al contenido del expediente.

Ahora, si la comprobación que se realiza para determinar que los hechos se subsumen en algún tipo delictual se considera "materia de fondo que debe ser debatido en el juicio oral", personalmente acompaño al Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores, quien salvó su voto, en su pregunta de reflexión: "¿Cuál sería la utilidad de la fase intermedia?"

El magistrado disidente, entre otras cosas, expuso:




Si analizamos con detenimiento los fundamentos jurídicos que contienen ambas resoluciones recurridas, podemos perfectamente advertir que dichos juzgadores analizaron las actuaciones que le fueron presentadas por el Representante del Ministerio Público como por la Víctima-Querellante, en sus respectivos escritos acusatorios, y a través de la subsunción de éstos en alguna norma de nuestra legislación penal, dio como resultado, que los mismos no encuadraban en ningún tipo penal. Siendo el único talante que tiene el juzgador para llegar a este convencimiento, el control de la acusación, mediante el análisis, examen, estudio y decantación de todo el acervo probatorio incorporado por el representante fiscal en la etapa preparatoria o investigativa del proceso. No puede el Juez de Control ser simplemente un espectador, cuya función sea convalidar los actos conclusivos presentados por el Representante del Ministerio Público o los querellantes, y ordenar la apertura de un juicio oral y público, sin tener la certeza o la convicción de que los hechos explanados se subsumen en algún tipo penal previsto en nuestro ordenamiento jurídico y que del resto de las pruebas aportadas conduciría a un resultado seguro. No puede el Juez de Control a sabiendas que un hecho no reviste carácter penal, por cualquier circunstancias, permitir que sea el Juez de Juicio, en el juicio oral y público quien determine estas circunstancias, ya que de lo contrario ¿Cuál sería su función?, y peor aún, ¿Cuál sería la utilidad de la fase intermedia?


Ver sentencia completa.

*Artículo publicado originalmente bajo el servidor de blogia.com por este mismo autor. Septiembre 2006 (corregido el 14/10/2006).

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