domingo, octubre 22, 2006

SC: Admisión de los hechos no implica aceptación de la calificación jurídica*

Esa afirmación fue realizada por la Sala Constitucional (SC) del TSJ en reciente decisión emitida de fecha 23/05/2006 (Decisión Nº 1106), la cual estuvo referida al análisis del instituto de la Admisión de los hechos previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.

ANTECEDENTES DEL CASO

Durante el desarrollo de un Juicio Oral y Público el Ministerio Público procedió a modificar la calificación jurídica que le había atribuido a los acusados en su libelo; ante tal circunstancia el juez permitió la aplicación de la admisión de los hechos quienes admitieron su culpabilidad. Vista que la admisión de los hechos en el proceso penal venezolano sólo se permite durante el transcurso en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate oral y público, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal de la causa desaplicó, por control difuso de la constitucionalidad, el contenido del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

LA DECISIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ

(...) 3.- A este Alto Tribunal le llama la atención que el Tribunal Vigésimo Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas permitió la aplicación de la admisión de los hechos, en la fase de juicio del procedimiento ordinario, bajo el fundamento de que el Ministerio Público modificó, en esa oportunidad, la calificación jurídica que le había atribuido a los acusados en libelo fiscal.


En efecto, debe precisarse que ‘hechos’ no es igual a ‘calificación jurídica’, por lo que admitir los ‘hechos’ establecidos en la acusación, de acuerdo con el contenido del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, no implica la aceptación de la ‘calificación jurídica’ que en dicho libelo le atribuye el Ministerio Público a los imputados.


El imputado cuando accede a reconocer su participación o coparticipación en esos hechos, afirma su ejecución en aquellos elementos fácticos que han sido precisado por la parte acusadora, es decir, el tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los mismos. Da su consentimiento o acepta, en forma pura y simple, que ejecutó un comportamiento activo u omisivo.


De manera que, una vez admitido los hechos, el Juez de Control (en el procedimiento ordinario) o de Juicio (en el procedimiento abreviado) tiene que establecer, dentro de su autonomía de decisión y mediante el uso de la adecuación típica, una calificación jurídica igual o distinta a la planteada por el Ministerio Público, para luego imponer la pena correspondiente, lo que permite al acusado, en el caso de que no se esté de acuerdo con la calificación jurídica o con la pena impuesta, interponer recurso de apelación contra esa decisión condenatoria, conforme a lo señalado en el numeral 1 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, por dictarse siempre esa decisión antes de la celebración del debate oral y público.


Así pues, si el Ministerio Público decide cambiar la calificación jurídica en la fase de juicio del procedimiento ordinario, una vez admitida la acusación en la audiencia preliminar, ello no supone una modificación de los hechos, por lo que no puede ofrecérsele una nueva oportunidad al imputado para que admita los hechos, ya que la tuvo en la audiencia de la fase intermedia. Si no hizo uso de ella, quiso que el proceso ordinario concluyera con una sentencia definitiva, en la cual se juzgaran esos hechos.


DISERTACIONES SOBRE EL FALLO

Anticipadamente, les comento mi total disconformidad con el fallo emitido por el máximo Tribunal de la República, y en este sentido, sirvan las siguientes líneas como argumento.

Ha dejado establecido el fallo "que 'hechos' no es igual a 'calificación jurídica', por lo que admitir los 'hechos' establecidos en la acusación, de acuerdo con el contenido del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, no implica la aceptación de la 'calificación jurídica' (...)".

Ahora bien, no hay que olvidar que la 'calificación jurídica' se encuentra supedita a los 'hechos'. Para lograr la calificación jurídica se requiere de un proceso lógico conocido como 'subsunción' que es el enlace de una situación particular, específica y concreta (los hechos), con la previsión abstracta e hipotética contenida en la ley (tipo penal).

Precisamente, el tipo penal esta conformado por una supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, como por ejemplo, por nombrar alguno, el artículo 451 del Código Penal Venezolano, que prevé el delito de Hurto: "Todo aquel que se apodere de un algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo, sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba (supuesto de hecho), será penado con prisión de un año a cinco años (consecuencia jurídica)". Siguiendo el ejemplo anterior, si la calificación jurídica consiste en un Hurto, usted supondrá que una persona se ha apoderado de algún objeto mueble de otra para aprovecharse de él, quitándolo, sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, tal como lo establece la norma. En cambio, si la calificación jurídica consiste en un Robo (Artículo 455 del Código Penal Venezolano), usted supondrá que los hechos no sucedieron como los sucesos anteriormente narrados, sino, en cambio, de acuerdo a la hipótesis que determina la ley para el delito de Robo, es decir, que una persona por medio de violencias o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido a la víctima a que le entregue un bien mueble o a tolerar que se apodere de éste. Obsérvese la variación de los hechos: para configurar ambos delitos se requiere de un apoderamiento de un objeto mueble sin el consentimiento de su dueño, pero el último (el Robo) requiere para su consumación que el autor haya proferido violencia o amenazas en contra de la víctima.

Entonces, no entiende este autor cómo la Sala ha señalado que "cambiar la calificación jurídica (...) no supone una modificación de los hechos", cuando en realidad, el cambio en la calificación jurídica si configura una variación de los hechos siendo que todo tipo delictual, en principio, conlleva un supuesto fáctico distinto a los demás.

No obstante, es importante advertir que, aún cuando los tipos penales no son iguales entre sí, no todo cambio en la calificación jurídica se traduce en una variación de los hechos, pues algunos delitos tipificados en la ley sólo se distinguen de acuerdo a circunstancias determinadas, como calificantes o agravantes específicos. Sucede, por ejemplo, con el Homicidio Agravado (407 del Código Penal) el cual se configura cuando una persona intencionalmente da muerte a otra – tal como lo establece el Homicidio Intencional simple, el cual es otro tipo penal (405 del Código Penal) – diferenciándose sólo si se perpetra en perjuicio de un hermano, o en contra de cualquiera de las personas taxativamente mencionadas en la norma. Es estos casos, el cambio de calificación jurídica, de Homicidio Intencional Simple a Homicidio Agravado, no alteraría en lo absoluto los hechos objeto del proceso. Sin embargo, estos supuestos no siempre son la regla, por lo que la Sala Constitucional ha debido ser más prudente al emitir la decisión sub-examine.

Por otra parte, tampoco es comprensible como la decisión emitida por la Sala Constitucional puede expresar que el Juez, en el procedimiento por admisión de los hechos, se encuentra facultado para cambiar la calificación jurídica, incluso luego que el acusado haya admitido los hechos, y condenarlo por hechos distintos a los cuales él voluntariamente consintió su responsabilidad.

El propio Código Orgánico Procesal Penal que se invoca en el fallo, establece la relevancia jurídica y los efectos legales que comprende el cambio de calificación jurídica. Así, su artículo 350, que se encuentra ubicado en la fase del Juicio Oral, estipula que al prevenirse una nueva calificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público en su escrito acusatorio, en el transcurso del Debate Oral y Público se deberá advertir al acusado para recibirle una declaración si lo desea, y asimismo se le "informará a las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa". Al mismo tiempo, dispone el artículo 363 ejusdem, en su último aparte, que si el acusado no fue advertido del nuevo precepto legal invocado no podrá ser condenado conforme a éste último.

Es evidente que el cambio de calificación significa una variación en los hechos, por lo que mal pudiera un juez condenar a un acusado, en el procedimiento por admisión de los hechos, por un hecho que no admitió. Lo correcto en este caso es notificar al acusado para que admita o no los hechos conforme al nuevo precepto legal invocado.

La decisión que refutamos contó, por dicha, con el voto salvado del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, quien expuso su disentimiento con la mayoría sentenciadora, explicando acertadamente sus motivos:




El Código Penal en su artículo 1 establece que nadie puede ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente preceptuado como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente y divide los hechos punibles en delitos y faltas, de lo cual se deduce claramente que los hechos deben ser encuadrados previamente en un tipo legal pues la ley habla de hechos punibles, para que con posterioridad a ello el Ministerio Público realice el acto conclusivo correspondiente.


La institución de la admisión de los hechos como ha referido este disidente en anteriores oportunidades es la manifestación de voluntad cuya expresión sólo es válida luego de la admisión de la acusación y hasta antes del debate oral; ello, porque es claro que el imputado tiene que saber, con certeza, cuáles son los hechos por los cuales habrá de ser juzgado y cuál la calificación jurídica de los mismos. Lo anterior, refleja que el legislador previó que para que esos hechos imputados fueran admitidos debían, en primer lugar, ser calificados, lo cual se logra con la admisión de la acusación por parte del juez.


Sin embargo, en resguardo a la tutela judicial eficaz y al debido proceso del acusado si el Ministerio Público decide, en el debate oral, el cambio de la calificación jurídica que hubiere dado a los hechos imputados debe permitirse al procesado la admisión de los hechos.


Para una mejor ilustración de lo expresado, es oportuno traer a colación el siguiente ejemplo: Una persona X es presentada ante un Tribunal de Control por estar supuestamente incurso en el delito de homicidio en contra de Z; en la audiencia preliminar el juez admite la acusación del Ministerio Público por el delito de homicidio intencional –el imputado está conciente de que produjo la muerte de Z, pero no intencionalmente sino por imprudencia- por esa razón no admitió la versión de los hechos del fiscal del Ministerio Público en la audiencia preliminar; sin embargo, en el juicio oral y público el fiscal cambia la calificación jurídica por homicidio culposo, por la imprudencia del agente ¿no puede entonces el imputado acogerse al procedimiento de admisión de los hechos respecto a la calificación jurídica de los hechos que coincide, ahora sí, con su convicción inicial, en relación con el título de la culpabilidad (culpa)?.


En este enlace pueden consultar la sentencia completa.

*Artículo originalmente publicado bajo el servidor de blogia.com por este mismo autor. Septiembre 2006 (corregido el 14/10/2006).

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